Debate y acciones sobre desarrollo rural en Ecuador

Stalin Herrera *

El cuadro muestra una síntesis de los espacios y núcleos de producción de pensamiento y de los enfoques teóricos presentes en las investigaciones agrarias de las últimas décadas en Ecuador, basada en un trabajo reciente del ruralista Manuel Chiriboga. Seguramente muchos pueden disentir con la taxonomía, sin embargo, el artículo de Chiriboga muestra varios problemas recurrentes: la falta de un paradigma y/o de estudios suficientes que nos permitan una compresión global del mundo rural de hoy; y el núcleo reducido de instituciones dedicadas al tema en Ecuador.

Ya hace diez años el ruralista Luciano Martínez decía que la falta de estudios y de paradigmas proviene de: la pérdida de importancia de la investigación en los organismos vinculados al desarrollo rural, agotamiento de algunas temáticas de investigación, falta de incentivos para la investigación agraria en las universidades, centros e institutos de investigación y auge de las modas temáticas impuestas por los financistas (2000: 10). Chiriboga actualiza ese diagnóstico planteando que además es necesario reconocer el vínculo con las políticas de ajuste estructural en el sector agropecuario, y la pérdida de relevancia de los programas y proyectos de desarrollo rural integral (2009). Un balance provisorio concluye que los problemas de la investigación rural no han variado sustancialmente, y que la realidad rural actual constituye un campo de tensiones entre actores profundamente desiguales.

Actores

Durante el período de Industrialización por Sustitución de Importaciones, entre las décadas de 1960 y principios de 1980, el campo constituía un eje central para el desarrollo económico y social de país. El Estado desplegó un conjunto de acciones para incorporar el campo al desarrollo económico (moderno) del país. Bajo el paradigma de la “revolución verde” intentó “democratizar” los activos productivos a través de la reforma agraria, buscó mejorar las habilidades de la fuerza de trabajo mediante la educación formal y la capacitación técnica, incentivó el desarrollo tecnológico con el crédito y la producción de semillas, amplió redes de comercialización mediante centros de acopio y ferias libres, y puso a disposición de los agricultores capital de inversión a través del Banco Nacional Fomento. No es gratuito que durante este período el Ecuador se convirtiera en un “verdadero laboratorio para la investigación social, especialmente agraria” (Martínez 2000) y que los imaginarios de bienestar y de libertad de la población rural estén anclados a este periodo (Copoccar 2004. 2004, Plan de desarrollo local de la cuenca del río Mira. Fundación María Luisa Gómez de la Torre).

El Estado constituyó un actor fundamental en la promoción del desarrollo de las organizaciones indígenas y campesinas como sus interlocutores (Alicia Ibarra 19871992. Los indígenas y el estado en el Ecuador .ABYA YALA y Bebbinton 1992), así como los ruralistas e investigadores pensando el proceso de transformaciones en el campo.

A partir de la década de 1980, las instituciones estatales de asistencia al campesino fueron privatizadas, se redujeron sus funciones o desaparecieron. En los años 1990, como ejemplo de la estrategia de retirada del Estado como actor primordial en la economía, el BNF redujo sus operaciones en un 71% ‑de un monto total de 160,3 millones, en 1990 se pasó a 30,1 millones de dólares en el 2000 (Ospina y Guerrero, 2003:58. El poder de la comunidad; Ajuste estructural y movimiento indígena en los Andes ecuatorianos (Buenos Aires: CLACSO). Sin duda, el retiro estatal perjudicó más a los medianos y pequeños campesinos, que en la década de los 70s y 80s, de alguna manera y gracias a las políticas públicas de fomento agropecuario, no se empobrecieron más sino que las transformaciones en el agro -reprimarización de la agricultura y los cambios institucionales y legales (Ospina y Guerrero 2003: cap III)-, modificaron las perspectivas de desarrollo en el campo:

Sin embargo, el modelo neoliberal puso como eje del desarrollo a la agro-exportación, socavando las posibilidades de reproducción de las familias campesinas y de los pequeños agricultores orientados al mercado interno. La extrema desprotección puso a competir a campesinos frente a las agroempresas, que no sólo se apropiaron de medios de producción básicos para garantizar una alta productividad, sino que avanzaron en el control local y nacional de las cadenas de distribución de los productos en el mercado al detalle (Zamora 2005:135-149. “La rápida expansión de los supermercados en el Ecuador y sus efectos en las cadenas agropecuarias”, Revista Ecuador Debate, No 64, Ed. CAAP). “Mientras que en 1980 dicha participación [agropecuaria en el PIB] era del 10,48%, ya para el año de 1990 había ascendido al 16,45%; y en el 2003 llego al 19,43%. Así mismo, el crecimiento del PIB agropecuario fue mayor que el de la economía” (Rubio 2008:26). Pese a estos datos, las agroempresas y agronegocios son los menos estudiados en el país y conocemos poco sobre su impacto real en las economías campesinas y en las dinámicas que hoy organizan las relaciones sociales laborales en el campo.

Contradictoriamente, fue un periodo de alta movilización social y tensión política. Por un lado, las acciones de protesta contra el neoliberalismo fueron encabezadas por las organizaciones indígenas y campesinas que en determinados momentos lograron presentarse incluso como alternativa de gobierno. Por otro, el Estado mantuvo su ideario neoliberal para el campo pensando en la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y desplegó o facilitó políticas de focalización, contención y atención rural mediante instituciones privadas o entidades de cooperación “mixta”. El peso de las organizaciones indígenas y la emergencia de su proyecto provocó un desplazamiento de los estudios rurales hacia una tendencia calificada como neoindigenismo, que incorporó en la agenda de los estudios rurales las dimensiones culturales, evidenciando las fracturas étnicas y regionales de un Estado Nación de carácter colonial cuestionado. Las propuestas políticas y la presión indígena sobre la institucionalidad estatal nacional y en especial local, abrieron un campo de nuevas propuestas y paradigmas rurales de estudio y de aplicación que fueron desde las pedagogías de educación para las escuelas y nacionalidades hasta la gestión de programas de Estado de carácter nacional. Es un periodo en el que las acciones rurales se definieron en la tensión entre la apuesta del Estado por los agros negocios y la presión de las organizaciones indígenas campesinas por la multiplicidad de paradigmas para el campo.

Desafíos

Este contexto renovado actualizó la disputa de sentidos sobre el tipo de desarrollo para el campo. Aunque las relaciones de fuerza raras veces fueron favorables -como en el caso de la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994-, ciertos espacios ruralistas y el propio movimiento lograron mantener una alianza débil y contener el avance del neoliberalismo. El mejor ejemplo de estos resultados fue detener la firma del TLC con los Estados Unidos de América en 2006. La presencia indígena y campesina logró plantear un proyecto propio para el campo, que se expresó en documentos como la Minga Campesina de 1996, el proyecto de Constitución de la CONAIE en 1997, Agenda Agraria de 2004, Ley de Aguas y de Soberanía Alimentaria -recientemente actualizadas y presentadas a la Asamblea Nacional de 2008 por la Ecuarunari y las propuestas del Foro de Recursos Hídricos. Incluso se propuso el Estado Plurinacional, que desde 1990 apuesta por las economías campesinas y la vida comunitaria. Aunque la presencia indígena ha desplazado “viejos” temas de los estudios rurales y en especial aquellos relacionados con los problemas estructurales del agro, no podemos negar que su aporte ha enriquecido el debate ruralista.

El gobierno de Rafael Correa ha modificado el terreno de discusión. Si antes la resistencia y movilización contra el neoliberalismo permitió cierta articulación entre los actores, la propuesta de reforma estatal y política obliga a pensar cómo disputar la orientación del proyecto sobre el agro al actual gobierno. El resultado más importante de la “articulación débil” entre estudios ruralistas y movimientos rurales es la Constitución de 2008. Aunque en rigor no describe el desarrollo rural actual, a pesar de la oposición e incomprensión del mismo Correa y su gabinete, y con muchas contradicciones y desencuentros entre las distintas organizaciones campesinas e indígenas recoge grandes temas del ese proyecto, como soberanía alimentaria y economías campesinas, derechos de la naturaleza, el agua como un derecho humano, reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad y el buen vivir. La mayoría proponen sentidos que deben traducirse ahora en acciones y nuevas leyes. Sin embargo, las acciones ruralistas del gobierno han priorizado hasta el momento la alianza con las agro-empresas en las compras públicas y la extracción de recursos naturales como eje de acumulación, mantienen el esquema de la revolución verde y las nuevas leyes aprobadas abren brechas que la Constitución parecía haber cerrado para el ingreso de transgénicos, el impulso a los bio-combustibles y la privatización del agua.

La desesperada realidad del campo parece desaparecer en las propuestas del gobierno, y El panorama para las poblaciones rurales pobres no es nada prometedor, a pesar de su peso en la producción de alimentos y en la soberanía alimentaria. Indicadores sobre la tenencia de la tierra del censo agropecuario del 2001 muestran que persiste la dualidad minifundio-latifundio, al tiempo que las unidades productivas de punta -grandes beneficiarias de las políticas de ajuste-, apenas representan el 4,5% de las explotaciones, y las unidades de subsistencia -las grandes perdedoras-, constituyen más del 52,7% (CEPAL, . 2005).

Recientes estudios publicados por el SIPAE (¿Reforma Agraria en el Ecuador?: viejos temas, nuevos argumentos / Frank Brassel, Stalin Herrera, Michel Laforge eds y Hacia una agenda para las economías campesinas en el Ecuador) muestran que la exclusión campesina se vuelve violenta y se asienta geopolíticamente sobre recursos productivos estratégicos y se está produciendo una mayor concentración de los recursos hídricos en manos de las empresas agrícolas. Las familias campesinas se sostienen en el trabajo extra-parcelario o como mano de obra barata sin legislación que proteja su inserción laboral y en condiciones nocivas para su salud. Se añaden la migración temporal y la definitiva, que producen una sobrecarga del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, agravado por una estructura asimétrica en el control de recursos productivos como la tierra. El resultado es un acelerado proceso de descampesinización y descomunalización de la vida rural; “el mundo rural en estos 25 años perdió su autonomía. Autonomía como espacio social, ámbito productivo, ethos cultural, en fin, lo que se denomina comúnmente “sociedad rural”” (Bengoa José. 25 años de estudios rurales, En Sociologías Nº 10.2003, Porto Alegre UFRG).

Así, en un marco de reformas propuestas por el gobierno de Correa que, sin dejar la apuesta por los agro negocios y una perspectiva productivista de la revolución verde, tiene el control de los programas de Estado para el campo; los estudios rurales y los esfuerzos de las organizaciones indígenas campesinas parecen concentrar la acción en la Constitución del 2008 y en la disputa de los contenidos en las leyes. Los resultados aún están por verse, pero el tiempo exige recuperar la alianza entre ruralistas y las organizaciones en la perspectiva de fortalecer el actor más importante en el campo, el movimiento indígena campesino.

Quito, 30 de junio de 2009