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El país tiene una gran deuda interna, social e histórica: el genocidio de los pueblos indígenas. Esta realidad comenzó a ser reparada con la Constitución de 1988, una serie de políticas públicas destinadas al reconocimiento de derechos y la demarcación de Tierras Indígenas. En los últimos años, frente al retroceso vivido durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, el movimiento indígena ha optado por la resistencia, la organización y la participación política a través de candidaturas. El Estado debe ser consciente de que la lucha indígena tiene como objetivo la reparación histórica.

Organizaciones indígenas y sociales de Ecuador exigieron hoy al gobierno cumplir con los acuerdos pactados en los diálogos que finalizaron hace casi dos mesesy aún están en el papel.