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Autoridad de Cahua Chico y comunaria reportando rastros de dinamita usados en el avasallamiento

El Concejo JIOC Zongo advierte que el territorio está sufriendo vulneraciones a sus derechos colectivos y a su Jurisdicción Indígena por avasallamiento minero. En los últimos meses se ha producido enfrentamientos entre comunarios y mineros tras el retorno de la empresa Minera Mauricio Alexander Ignacio, propiedad de la familia Bellota y que había sido expulsada en el marco de la Jurisdicción Indígena el 2010 y que en la actualidad reaparece en el territorio como Cooperativa Minera 28 de Octubre.

La Cooperativa Minera 28 de Octubre no cuenta con Licencia Ambiental y Consulta Previa y su actividad es apoyada, de acuerdo a la Concejo JIOC Zongo, por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Gobierno Autónomo Departamental, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Gobierno Municipal de La Paz.

El día domingo 27 de noviembre mineros reinstalados en la Comunidad de Cahua Chico, han desalojado a cerca de 20 familias, entre niñas, niños, mujeres, hombres y adultos de la tercera edad. Algunos testimonios, enviados a los grupos de WhatsApp de las comunidades manifestaban con desesperación y medio del llanto de los niños lo siguiente:

“Hermanos autoridades de la Comunidad Cahua Chico. Hoy domingo estamos siendo avasallados, hermanos de la Comunidad Cahua Chico. Los mineros nos están avasallando, los hermanos están escapando al monte, hermanos. Es una pena que las autoridades nos puedan abandonar. Pedimos inmediata intervención a las autoridades de la Policía, a todas las autoridades de la instancia que compete compañeros.”

“Por favor, necesitamos ayuda, los mineros nos están despojando de nuestras casas, pedimos ayuda, por favor, hay heridos en el monte, niños y personas de la tercera edad.”

“Hermanos autoridades, ayúdenos, por favor, estamos en el monte con las wawas, por favor, hermanos, vengan, por favor. Sáquennos de aquí.”

“Hermanos, ayúdennos, aquí estamos pidiendo auxilio, tenemos wawas, ayúdennos, hermanos, ayuda queremos, no podemos salir, estamos agarrados. Estamos perseguidos. Mándennos policía.” 

 Cahua Chico no es el único sector avasallado, también han sucediendo avasallamientos en Cahua Grande y, también, justamente el mismo domingo 27 de noviembre, en la Comunidad de Tiquimani, la Subcentral de Tiquimani ha enfrentado un avasallamiento minero.

Pronunciamiento por la vulneración de derechos en Zongo, Salón Rojo de la Cámara de Diputados.

Ante las voces de auxilio de las mujeres y de las autoridades, la Policía no se ha presentado indicando que: “...acatarán requerimientos fiscales de la Justicia Ordinaria...” Esto, ha puesto en estado de emergencia al territorio de Zongo, de manera que ha elevado un Pronunciamiento desde el Salón Rojo de la Cámara de Diputados de la Casa del Pueblo el día miércoles 30 de noviembre. Los puntos centrales de este documento se recuperan de manera textual en el siguiente texto:

Primero: Denunciamos al Ministerio Público, Policía Boliviana, Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Gobierno Autónomo Departamental, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Gobierno Municipal de la Paz, por vulneración de los derechos de los pueblos IOC e incumplimiento a las siguientes normas: Art. 2, Art. 179 II, CPE., Art. 192. 1.2.3, CPE, Art.16, II a) Las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, Policía Boliviana, Régimen Penitenciario u otras instituciones, deberán prestar inmediata cooperación y proporcionarán los antecedentes del caso a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina cuando estos lo soliciten...). Art. 17. Las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta OMISIÓN SERÁ SANCIONADA COMO FALTA GRAVE DISCIPLINARIA EN LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, la Agroambiental y las especiales...” de la ley 073.

Incumplimiento de normas del bloque de constitucionalidad, como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Art. 35 “La aplicación de las disposiciones del presente convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos interesados en virtud de otros convenios  y recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, faudos, costumbre o acuerdos nacionales.”) y a nuestros principios, valores, normas y procedimiento propios, atentando a nuestra convivencia pacífica (suma kamaña...).

Segundo: Exigimos el cumplimiento integral y respeto de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales y las Resoluciones emanadas de la JIOC Zongo.

Tercero: Cese de la persecución mediante procesos penales y administrativos contra los defensores de la Jurisdicción Indígena Originaria (Órgano Judicial, Ministerio Público), Ministerios y Defensoría del Pueblo, para diálogos interjurisdiccionales e interculturales con la Jurisdicción Indígena.

Cuarto: Exigimos que a la brevedad posible se realice una inspección ocular por autoridades competentes en la Mina Mauricio Ignacio Alexander, ubicada en las Comunidades Cahua Chico y Cahua Grande de la región de Zongo, Provincia Murillo, Departamento de La Paz.

Quinto: Respaldo para el resarcimiento de daños y perjuicios en Coordinación y Cooperación con la Jurisdicción Indígena Ordinaria a favor de las autoridades y defensores de la JIOC Zongo por los doce años de persecución ilegal.

Zongo ha sentado un precedente importante en el avance la justicia indígena, logrando la aprobación de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 874/2014, 0036/2018 y una Declaración Constitucional Nº 006/2013 que reconocen su Jurisdicción. Estos avances y la dificultad de su implementación dan cuenta de los enormes desafíos por concretar la Justicia Plural y el proyecto de Estado Plurinacional en Bolivia.

                                                                    

Reporte de la lectura del Pronunciamiento por parte de Foro Channel