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Fuente: Mongabay

Autoría: Giem Guimaraes

Fecha: Viernes, 24 Noviembre 2017

Brasil. El quinto país más grande del mundo. Además de contar con la selva y las reservas de agua dulce más vastas del mundo (un 12 % del total mundial) también es el país que cuenta con la producción ganadera comercial más grande del mundo, con más de 215 millones de animales. Adicionalmente, cuenta con la mayor producción de soja del mundo, empatado en primer lugar con EE.UU. Son cifras impresionantes. Aparte de gestionar las leyes de estas coexistencias paradójicas —selva y agua frente a animales y soja— tenemos otro “esplendor” más. La clase política brasileña, que es la responsable de lo que se ha calificado como el mayor escándalo de corrupción de siempre, en el que participó el gigante petrolero Petrobas.

Parece que Brasil sigue siendo lo que se había preestablecido que fuera desde su descubrimiento por los portugueses: una tierra para explotar, con su riqueza extraída por una casta privilegiada. Al principio, esta “iniciativa” la dirigió la Corte portuguesa, representada por los exploradores enviados por el imperio luso. Otros, como los franceses, los holandeses y los españoles siguieron su ejemplo, pero no eran rival para la clase dominante que ya se había instalado en el país.

Ya fuera la agricultura de subsistencia, la minería, la ganadería o la tala, toda actividad económica brasileña dependió durante siglos de la tierra. Del árbol “Pau Brasil” (madera de Brasil), del que el país tomó su nombre, al café pasando por el oro y la caña de azúcar, su territorio ha servido a los señores de la tierra durante más de 500 años. Este comportamiento ha consolidado la cultura brasileña en el trinomio de extracción de minerales, deforestación y agroindustria.

La mayoría de las familias que llegaron en los siglos siguientes también se nutrían de la tierra y continuaron con el mismo círculo destructivo que ya estaba presente en el país. Los alemanes, italianos, polacos, ucranianos y sus descendientes apoyaron la aniquilación de los bosques en el sur de Brasil a lo largo del siglo pasado. Nada ha cambiado desde entonces y los brasileños siguen atrapados en el mismo círculo. Por otra parte, han sido rehenes de un sistema político diseñado no para servirles, sino que se sirve de ellos.

Los funcionarios electos siempre han tenido una conducta omisiva, si no complaciente, con respeto a los asuntos relacionados con el medio ambiente, y por desgracia eso no ha cambiado mucho. Según un informe extenso y detallado de “Exame Magazine”, se estima asombrosamente que un 80 % de la madera comercializada en Brasil forma parte de un comercio ilegal o “falsamente legal”. En otras palabras, el producto suministrado viene de madereros que eluden los sistemas de control del gobierno.

¿Pero cómo es posible tal falta de control? De hecho la respuesta es bastante evidente.

Brasilia gobierna para Brasilia. La facción política “ruralista” que ahora domina el gobierno (un 40 % de los 513 diputados actuales) observa a Brasil con la misma mirada secular, explotadora y avara de siempre. Además, tratan las instituciones públicas como una extensión de sus operaciones e inversiones personales. Que quede claro que esto no es una crítica a los partidos de la derecha ni de la izquierda. Lo que se critica es el incumplimiento, la no ejecución y manipulación de las leyes medioambientales.

El patrimonialismo y la conducta delictiva de la clase política brasileña es el mayor ejemplo de una desconsideración total hacia los valores vinculados a los conceptos como la ciudadanía, el patriotismo y el legado. Lo que le importa a la clase política de hoy es el carpe diem de la corte, como hemos visto con la ruina financiera de la ciudad de Río de Janeiro. Pedir a esa gente que tenga escrúpulos sobre el medio ambiente es casi risible.

En Brasil un lema muy conocido de la cadena de televisión Globo es “agro é pop, agro é tudo” (la agricultura es popular, la agricultura lo es todo). Puede ser que este lema sea verdad porque en Brasil el número de vacas supera el número de ciudadanos (215 millones versus 208 millones) y la mayoría de los políticos mantienen el poder gracias a algo que se llama en Brasil los “corrales electorales”. Lamentablemente, parece que el término es bastante adecuado, ya que se trata a los votantes como vacas en un matadero a las que utilizar.

A pesar de ser la región más desarrollada [en Brasil] y la sede de la operación “Lava Jato”, que ha enviado a decenas de políticos corruptos a la cárcel, el sur de Brasil no es un paraíso de la ética ni la prosperidad. Miramos por ejemplo a la irresponsabilidad y la ignorancia científica del gobierno del estado de Paraná y su asamblea legislativa estatal, que tiene como meta reducir el [área natural] única de la Reserva medioambiental de Devonian Escarp en un 70 %. En el estado vecino de Santa Catarina se proponen algo inimaginable: reducir el Parque nacional de São Joaquim en un 20 % (17 000 hectáreas).

Dado que estamos hablando de la última zona en el planeta donde el bosque único Araucaria (Araucaria Angustifolia) sigue creciendo estas propuestas embarazosas e irracionales no son nada más que un intento de manipular las reglas y legalizar los delitos. Con su inmensa biodiversidad este antiguo ecosistema se ve muy amenazado por la extinción y la erosión genética porque solo el uno por ciento de lo que queda se encuentran en un buen estado.

Por último, doy el ejemplo perfecto para comprender cómo la corrupción afecta a la naturaleza en Brasil: el desastre de la rotura de la presa de [Samarco] Mariana. Sin duda el peor desastre medioambiental en Brasil. Para algunos es comparable a la marea negra de Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010. Fue una de las mayores catástrofes mineras del mundo: la rotura de la presa de Samarco [con desechos tóxicos de mineral de hierro] mató a 19 personas y otras 700 se quedaron sin hogar. También destruyó el estilo de vida indígena de los Krenak y contaminó 280 miles del Río Doce, lo que resultó en la muerte de millones de peces y arruinó la cadena alimentaria y de la economía local. Samarco es una sucursal de la empresa Angloamericana BHP Billiton (que figura en el índice FTSE 100) y del gigante minero brasileño Vale. Debido a la información pública, es ampliamente conocido que el desastre Mariana fue un delito causado por la negligencia profesional y estatal, así como el fraude de licencia medioambientales.

Han pasado dos años desde que se produjo el incidente, y no solo nadie ha asumido la responsabilidad o recibido una sanción por el desastre, sino que también un juez acaba de decidir aplazar el proceso criminal debido a un vacío legal. Desafortunadamente el sistema judicial brasileño se conoce por estar a favor de los acusados, y el gobierno federal tiene una tradición de proteger a las empresas y no la población brasileña.

Mientras redactaba este texto, se estaba aprobando en el Congreso el nuevo Código Minero que exime a las empresas mineras de presentar planes de contingencia en caso de accidente y además no se les exige que obtengan un seguro. Es una receta para el caos medioambiental.

Brasil tiene centenares de leyes con respeto al medio ambiente, como el artículo 225 de la Constitución Federal, que describe del derecho a un medio ambiente equilibrado. Por el otro lado, la imposición del cumplimento de la ley en los delitos ambientales sigue siendo una excepción. Desgraciadamente, esto significa que Brasil sea el número uno en corrupción ecológica: un tipo de delito horrendo que nos roba los derechos inalienables e intergeneracionales vinculados tanto con el medio ambiente como la sanidad pública y la identidad cultural.

Giem Guimaraes, MSc., LLM. MSc., LLM. Accionista y miembro de la junta directiva del grupo Positivo, una institución educativa, y presidente del Observatorio de Justicia y Conservación. Ambas organizaciones son ONG.